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Acto en favor de la asistencia personal

La lucha por los Derechos Humanos y la desinstitucionalización

La ONU ha redactado una nueva Convención –que forma parte del cuerpo jurídico español desde el 3 de mayo de 2008- de los derechos de las personas con diversidad funcional que tiene como objetivo garantizar el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos y el respeto a su dignidad inherente (art. 1). En particular, reconoce explícitamente el derecho a la vida independiente y obliga a los Estados a proporcionar la asistencia personal necesaria para hacer una vida en comunidad (art. 19), con plena participación social y en igualdad de oportunidades que el resto de la ciudadanía.

Esta prestación es un soporte social que nos coloca en el mismo punto de partida que al resto de ciudadanos, hemos de contribuir a su financiación con nuestros impuestos y no a la hora de ejercer un derecho fundamental por el hecho de tener una diversidad funcional, rompiendo así lo que es la igualdad de oportunidades.

Los recursos institucionalizadores (por “institución”, se entiende vivir según las reglas, valores y prioridades establecidos por los demás, y esto se da tanto en los centros residenciales como viviendo en reclusión en el ámbito familiar, con SAD -Servicio Asistencial Domiciliario- o centros de día) no se pueden considerar un “ajuste razonable” (art. 2) dando cumplimiento a la Convención, porque vivir en instituciones impide el ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos.

En concreto vivir en instituciones por razón de diversidad funcional vulnera los artículos 3, 5, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Declaración de los Derechos Humanos.

El Proyecto de VI en Barcelona (OVI).

Existen soluciones eficaces y eficientes, tanto social como económicamente: el proyecto Hacia la Vida Independiente de VI (OVI) desde el 2006 demuestra que es posible autogestionar la asistencia personal que cada uno necesite (7 h / día de media, que permiten asumir el control y la responsabilidad sobre la propia vida, vivir emancipado, trabajar, cotizar, pagar impuestos, participar en la vida comunitaria, social y cívica en igualdad de oportunidades y tener expectativas y planes para formar nuevas familias), con un coste medio de 12 € / h (inferior a los más de 18 € / h que cuesta el SAD) y de 2.500 € / mes de media (menos que los 3.100 € / mes que cuesta una plaza residencial).

Además de garantizar el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos, este modelo ha hecho posible que muchas mujeres del entorno familiar recuperen plenamente su libertad, y que los asistentes personales disfruten de un trabajo humanamente enriquecedor que ejercen con mejores condiciones laborales que las habituales en el sector de residencias y SAD.

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