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Sólo en Europa, más de un millón de personas con diversidad funcional están encarceladas en algún tipo de institución.
Es un problema que está siendo propiciado por los fondos de la UE, que se utilizan para financiar la creación y el mantenimiento de estas cárceles. Las Naciones Unidas han señalado a varios países europeos que violan sistemáticamente la legislación sobre derechos humanos al continuar con el funcionamiento de estas instituciones.
