OVI Barcelona Oficina de Vida Independiente de Barcelona
La denuncia plantea inquietudes sobre las inversiones financiadas por la UE que reforzarán la segregación en lugar de apoyar a las personas con diversidad funcional para que vivan de forma independiente en la comunidad.
El 28 de julio de 2026, el Defensor del Pueblo Europeo informó a ENIL (Red Europea para la Vida Independiente) de que nuestra reclamación relativa al uso de fondos de la UE en España es admisible.
Este es un primer paso importante. El Defensor del Pueblo evaluará ahora si existen motivos para abrir una investigación formal. Esperamos recibir más información sobre los próximos pasos en aproximadamente dos meses.
¿Por qué ENIL presentó la denuncia?
ENIL ha estado analizando cómo se están utilizando los fondos de la UE en España. Nos centramos en las inversiones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia vinculadas a los servicios de atención y apoyo a largo plazo.
Estas inversiones suelen presentarse como parte de la modernización de los servicios sociales. Sin embargo, la construcción o renovación de viviendas no fomenta la vida independiente.
Nuestra preocupación radica en que se están realizando grandes inversiones en formas de atención colectiva y residencial en lugar de ayudar a las personas a vivir en sus propios hogares, elegir dónde y con quién vivir y recibir apoyo personalizado, como asistencia personal.
Un servicio no se considera comunitario simplemente por estar ubicado en un barrio común o porque pocas personas vivan en el mismo edificio. Lo que importa es cómo viven las personas allí: si tienen verdadera libertad para elegir dónde vivir, si gozan de privacidad, autonomía y control sobre su vida diaria, o si sus decisiones siguen estando condicionadas por las rutinas del servicio.
Los fondos de la UE deben apoyar la vida independiente
El artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con diversidad funcional reconoce el derecho de las personas con diversidad funcional a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad.
Vivir de forma independiente no significa vivir solo o sin apoyo. Significa tener las mismas opciones que los demás y poder decidir dónde vivir, con quién vivir y cómo recibir apoyo.
Las decisiones de financiación pueden determinar si esas opciones existen en la práctica. El dinero invertido hoy en infraestructura residencial puede moldear los sistemas de apoyo durante muchos años y dificultar la reasignación de recursos hacia la asistencia personal, la vivienda accesible y el apoyo en los propios hogares de las personas.
Por este motivo, los fondos de la UE no deberían utilizarse simplemente para modernizar o mejorar los servicios institucionales. Deberían contribuir a sustituirlos por un apoyo que permita a las personas vivir integradas en sus comunidades.
¿Por qué la queja atañe a la Comisión Europea?
El Defensor del Pueblo Europeo examina la labor de las instituciones de la UE. Por consiguiente, la queja de ENIL se refiere al papel de la Comisión Europea en la aprobación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, la evaluación de su aplicación y la autorización de pagos.
ENIL ha preguntado si la Comisión ha considerado debidamente el impacto de estas inversiones en los derechos de las personas con diversidad funcional y si su seguimiento es suficiente para identificar los riesgos de institucionalización. Como parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con diversidad funcional, la Comisión tiene la obligación de hacerlo.
El seguimiento no debe limitarse a comprobar si se ha terminado un edificio o si se ha gastado el dinero. También debe examinar qué se ha creado realmente y si las personas con diversidad funcional han obtenido alternativas reales a la atención institucional, tal como exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con diversidad funcional (CDPD).
Si bien este es solo el comienzo del proceso, la decisión de admisibilidad permite que las preocupaciones de ENIL reciban una mayor consideración a nivel europeo.
La financiación de la UE debería ampliar las opciones de las personas, no crear nuevas formas de segregación. ENIL seguirá de cerca la denuncia y proporcionará más información a medida que avance el caso.
